En diciembre de 2009, la disposición final primera del Anteproyecto de
la Ley de Economía Sostenible disparaba todas las alarmas en Internet.
El texto, que no tardaría en conocerse como ley Sinde, ponía en manos de un organismo llamado Comisión de Propiedad Intelectual la decisión sobre el bloqueo,
sin necesidad de una orden judicial,
de páginas web que violasen los derechos de autor. Esta medida
despertaba los temores sobre una posible amenaza a la libertad de
expresión y suponía el inicio de una larga batalla que a día de hoy aún
dura.
Esta polémica, lejos de ser exclusiva de España, reproducía los
mismos enfrentamientos que se vivían, se están viviendo y se vivirán en
multitud de países de todo el mundo. La ley HADOPI levantó a los internautas franceses, la Ley de Economía Digital intenta controlar la piratería en Reino Unido y la ley SOPA (Stop Online Piracy Act) ha conseguido poner a los gigantes de Internet en su contra. Analizamos cómo se lucha contra la violación de la propuedad intelectual en diferentes países del mundo.
España
¿Cuál es la principal ley antipiratería?
Nacida en 2009 y conocida popularmente como ley Sinde, la disposición
final primera del Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible ha
vivido un largo proceso antes de entrar en vigor. Fue impulsada por la
ministra de Cultura del Gobierno de Zapatero Ángeles González-Sinde y avalada por el Gobierno de los Estados Unidos, que presionó en todo momento para que la normativa fuese aprobada.
¿En qué consiste?
La ley Sinde supone la creación de un organismo conocido como
Comisión de Propiedad Intelectual cuya misión es determinar si una
página web vulnera los derechos de propiedad intelectual y, en caso de
que así sea,
tramitar su cierre en el menor plazo de tiempo posible.
La comisión contará con dos secciones. La primera, formada por tres
miembros nombrados por el ministro de Educación, Cultura y Deporte,
asumirá labores de mediación y arbitraje. La segunda sección estará
compuesta por el secretario de Estado de Cultura (José María Lassalle)
como presidente y cuatro vocales de los ministerios de Cultura,
Industria, Presidencia e Economía que deberán tener una titulación
superior y conocimientos de propiedad intelectual. Su misión será la de
ejercer como salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.
Actuará mediante denuncias de parte.
De este modo, cuando un titular de derechos de autor (una
discográfica, una editorial, un artista...) considere que una página web
está aprovechándose de su trabajo sin permiso, podrá denunciarla a la
Comisión de Propiedad Intelectual. La sección segunda se encargará de
analizar la reclamación y, en caso de considerar que efectivamente se
están vulnerando los derechos de autor del demandante, solicitará a los
responsables de la página
que retiren los contenidos.
En caso de que no se conozcan los datos de los supuestos infractores, la
sección segunda podrá acudir a la justicia para solicitar la
información al prestador de servicios de la página (una segunda posible
vía del proceso es la petición directa de la retirada del contenido a
dicho prestador de servicios). Una vez avisada, la página web tendrá un
plazo de 48 horas para retirar el contenido protegido de forma
voluntaria.
Si termina el plazo de dos días sin que se haya procedido a la
interrupción del servicio o la retirada de los contenidos, se inicia un
proceso de otros dos días de presentación de pruebas, cinco días para la
presentación de conclusiones por parte de la comisión y
tres días para dictar una resolución.
Si se insiste en la culpabilidad del demandado, la sección segunda
acudirá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo para
que autorice o rechace la resolución. Si se da el visto bueno, el
infractor deberá obedecer en un plazo de 24 horas.
¿Por qué es una medida polémica?
Las principales protestas contra la ley se centran en dos puntos polémicos. El primero de ellos es
la escasa participación del juez en el proceso.
La justicia en ningún momento estudia el caso, su papel se limita a la
petición de información a los prestadores de servicios de Internet (en
caso de que sea necesario) y a la aprobación o no de una conclusión de
la Comisión de Propiedad Intelectual en la que no ha intervenido ningún
juez. En segundo lugar, existe un gran temor a
una posible censura y control de Internet,
ya que la ley no va solo contra las páginas web con ánimo de lucro sino
también contra aquel que "haya causado o sea susceptible de causar un
daño patrimonial" a los titulares de derechos de autor. Esta redacción
hace que casi cualquier página web pueda ser demandada por violación de
la propiedad intelectual.
¿Quién la apoya y quién se opone?
La ley Sinde fue propuesta por el Gobierno de Zapatero. Contaba con
el aval de Estados Unidos y, tras realizar algunas modificaciones en el
texto inicial, el PSOE logró el apoyo de CiU y Partido Popular.
Las principales voces a favor de la ley antidescargas son las
pertenecientes a las industrias discográfica, cinematográfica, editorial
y del videojuego. De este modo, han manifestado su apoyo a la ley
organizaciones como la patronal del videojuego
aDeSe o la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, formada por entidades como la SGAE, EGEDA y Promusicae.
En contra de la ley Sinde se posicionaron miles de usauarios de
Internet y organizaciones que llevaron a cabo numerosas protestas tanto
en la Red como fuera de ella (como las quejas que se realizaron durante la alfombra roja de los Goya 2011, por ejemplo).
Entre los actores más destacados se incluyen la Asociación de
Internautas, FACUA, la plataforma Red SOStenible y el abogado
especialista en propiedad intelectual
David Bravo así como todos aquellos que se sumaron al
Manifiesto en favor de los derechos de Internet, entre los que se encuentra la web.
Pese a los esfuerzos de muchos por impedirlo, la polémica de la ley Sinde se ha dibujado muchas veces como
un enfrentamiento entre autores e internautas,
entre gente de la cultura y usuarios de Twitter y de las redes
sociales. Algunos autores contribuyen a alimentar esa idea defendiendo
con vehemencia que sólo una norma antidescargas podría defender sus
derechos e impedir la violación de propiedad intelectual. En este grupo
encontramos a figuras como Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, Pau Donés, Ana Milán, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Almudena Grandes, Juan José Millás o Fernando Savater entre muchos otros. Por otro lado, también son muchos
los creadores que están en contra de la ley Sinde,
ya sea por considerarla insuficiente o inefectiva o innecesaria. Los
creadores que han alzado la voz contra la ley Sinde van desde los músicos copyleft hasta Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Andreu Buenafuente o Arturo Pérez-Reverte.
Álex de la Iglesia
tuvo un papel destacado en el debate. El famoso director, que por aquel
entonces presidía la Academia de Cine, manifestó inicialmente su apoyo
a la polémica norma. Sin embargo, tras ver el gran revuelo que se
produjo en Internet por la posible aprobación de la ley, Álex de la
Iglesia quiso conocer el tema más en profundidad. Tras
varios días de discusiones y reflexiones en Twitter, De la Iglesia se reunió con algunas destacadas figuras de Internet para hablar sobre las oportunidades que presenta la Red. El realizador vasco quedó satisfecho con la reunión
y manifestó su cambio de postura: la ley Sinde ya no le parecía la
mejor opción. Sus opiniones volvieron a resultar incómodas, esta vez en
el bando contrario, y acabaron con su dimisión como presidente de la Academia.
¿En qué estado se encuentra?
El Congreso aprobó definitivamente la disposición final de la Ley de Economía Sostenible el 15 de febrero de 2011
con 323 votos a favor de PSOE, PP y CIU, 19 en contra de PNV, ERC, BNG,
ICV, UPyD y CC, y una abstención. Sin embargo, la redacción y
aprobación del reglamento se han retrasado durante muchos meses. Aunque
el texto estuvo a punto de recibir luz verde en las últimas semanas de
la pasada legislatura, finalmente quedó en el tintero y
no fue aprobada hasta el 30 de diciembre, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, con José Ignacio Wert como ministro de Educación, Cultura y Deporte, dio vía libre al reglamento. Ahora está por verse cómo se llevarán a cabo las primeras intervenciones contra páginas web.
Estados Unidos
¿Cuál es la principal ley antipiratería?
La Stop On Line Piracy Act (SOPA) y la Protect IP Act (PIPA) son las
dos modalidades "hermanas"
del proyecto de ley antipiratería de Estados Unidos. La SOPA llegó a la
Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 26 de octubre de 2011
de la mano de Lamar S. Smith y se basa en los mismos principios que la
PIPA, de 2008.
¿En qué consiste?
La ley antipiratería estadounidense busca acabar con la divulgación
de contenidos protegidos por derechos de autor. Pero añade un matiz a la
legislación con la que contaba hasta ahora EE UU, al poder actuar
contra sitios web de cualquier parte del mundo. Las medidas contra los
infractores son mucho
más duras que las planteadas en otros países como España.
En caso de ser aprobado el proyecto de ley, se pondrá en marcha un
proceso que inicialmente se parece bastante al planteado por la ley
Sinde: un individuo, empresa u organismo que piense que sus derechos de
autor están siendo vulnerados puede solicitar una orden judicial contra
dicha web. Una vez concedida la orden, el proceso se vuelve más duro que
el previsto en España. Además, el Departamento de Justicia también
puede solicitar bloqueos por iniciativa propia.
Tras recibir una orden judicial, el Fiscal general de los Estados
Unidos puede intervenir contra una web de diversas maneras: obligando a
los proveedores de Internet a cortar el acceso a esas páginas, ordenando
a los buscadores que eliminen los enlaces a ellas, impidiendo el uso de
servicios de pago como PayPal y prohibiendo a los anunciantes poner
publicidad en las webs demandadas, medidas estas últimas con las que se
busca
la asfixia económica de los supuestos infractores.
Por otro lado, a diferencia de la ley Sinde, que limita su actuación al
cierre de páginas web, la ley SOPA prevé hasta 5 años de cárcel para
quienes descarguen contenidos protegidos.
¿Por qué es una medida polémica?
Como en el caso de la ley Sinde, una de las principales
preocupaciones que plantea la ley SOPA es la posible vulneración de la
libertad de expresión. La ambigüedad del planteamiento da vía libre a
muchas interpretaciones y podría conllevar el bloqueo de webs que poco o
nada tengan que ver con la piratería. Muchos ven un grave peligro para
los blogs y para los sitios que alojan contenidos de usuario tales como
Flickr, YouTube o incluso las redes sociales, ya que tendrían que
asumir la responsabilidad del material colgado por los internautas.
También se ha alertado sobre posibles atentados contra la privacidad
puesto que una parte del proyecto de ley permitiría a los jueces ordenar
a los Proveedores de servicios de Internet la inspección de las
direcciones IP de sus clientes. Además, las medidas afectarían a todo el
mundo, puesto que la mayoría de los sitios más visitados de Internet
están registrados en Estados Unidos.
¿Quién la apoya y quién se opone?
No son pocos los grupos que se han posicionado a favor de la ley
SOPA. Destaca el apoyo de la Cámara de Comercio de EE UU así como el de
múltiples políticos tanto demócratas como republicanos. El magnate de la
comunicación
Rupert Murdoch ha manifestado su apoyo
total a la legislación, llegando incluso a realizar duras declaraciones
en las que acusaba a Google de ser "líder de la piratería por permitir
la reproducción por
streaming de películas gratis y vender anuncios sobre ella".
Como está sucediendo en todo el mundo, las mayores presiones proceden
de la industria del entretenimiento, especialmente de la música y del
cine (la asociación de la industria discográfica RIAA y la cinematográfica MPAA, por ejemplo). De hecho, según ha revelado el portal
Deadline,
varios grandes empresarios de Hollywood
han manifestado su disgusto por las declaraciones de Obama en contra de
la ley SOPA y han manifestado la retirada de su apoyo al actual
presidente de los Estados Unidos. Estas declaraciones responden a las realizadas por la Casa Blanca hace unos días,
cuando sugirió que el presidente Obama vetará cualquier medida "que
reduzca la libertad de expresión, incremente los riesgos a la seguridad
cibernética o socave" la red cibernética global.
En contra de la ley SOPA se ha alineado un importante grupo de
grandes empresas de la industria tecnológica estadounidense. La
plataforma NetCoalition.com,
por ejemplo, agrupa a gigantes como Google, Yahoo, Amazon, eBay o
PayPal. Muchas otras empresas también se han pronunciado en contra de la
ley antipiratería y así lo hicieron ver el día 18 de enero mediante el gran "apagón" de Internet, liderado por Wikipedia y secundado de un modo u otro por
más de 10.000 sitios de Internet
tales como Mozilla, Craiglist, Vimeo o WordPress. Aunque el sector
tecnológico se opone mayoritariamente a la ley SOPA, algunas empresas sí
la consideran positiva. Ese es el caso de Apple, Adobe y Microsoft.
¿En qué estado se encuentra?
Los dos proyectos de ley antipiratería de EE UU, la SOPA en la Cámara de Representantes, y la PIPA en el Senado,
han quedado en suspenso
tras las presiones que los gigantes de Internet han ejercido en los
últimos días y la oposición de la ciudadanía. El pasado viernes en EE
UU, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, anunció que retrasaría el voto de la ley antipiratería de la cámara alta,
la PIPA (PROTECT IP Act), tras las protestas de gigantes como Google y
Wikipedia. El principal patrocinador del otro proyecto legal, la SOPA
(Stop Online Piracy Act), el miembro republicano de la Cámara de
Representantes Lamar Smith, reaccionó a las declaraciones de Reid, anunciando también el aplazamiento indefinido de la audiencia sobre el texto.
Smith dijo que renuncia a llevar la ley a votación mientras no haya un
acuerdo más amplio que permita combatir la piratería, después de que el
martes se limitara a posponerla a febrero tras las primeras presiones.
Francia
¿Cuál es la principal ley antipiratería?
Aunque el nombre oficial de la ley antipiratería francesa es Ley de
Creación e Internet o Ley promotora de la difusión y la protección de la
creación en Internet, como en el caso de otros países, se ha hecho
popular con una denominación más sencilla:
ley Hadopi (nombre formado por las siglas de la comisión)
o ley Oliviennes (apellido del autor del informe que sirvió de base a la ley). La norma fue planteada en 2009 y no tardó en generar polémica.
¿Por qué es una medida polémica?
La ley preveía sanciones contra los internautas que descargasen
archivos de forma ilegal, para los que establecía un dispositivo
progresivo de sanciones: aviso por correo electrónico, un segundo por
correo certificado y, si el usuario reincidía, la desconexión de
Internet. El castigo podía llegar hasta la suspensión del acceso a
Internet durante dos años sin dejar de pagar. Todo el proceso correría a
cargo de un organismo sancionador creado específicamente para tal fin.
La ausencia de intervención judicial
en el proceso fue el punto más controvertido. Las protestas hicieron
que, en junio de 2009, el Consejo Constitucional de Francia censurase parte de la polémica ley contra la piratería. Los miembros de este organismo atendieron al recurso de inconstitucionalidad del Partido Socialista y las directrices señaladas por el Parlamento Europeo, y dijeron que solo un juez tiene la competencia para impedir el acceso a la Red.
¿Por qué es una medida polémica?
En julio de 2009 entraba en vigor una nueva versión de la ley Hadopi.
El texto, que sigue vigente a día de hoy, mantiene el sistema de avisos
pero elimina la desconexión automática tras la segunda reincidencia. En
su lugar, el caso es remitido a un juez. Si el internauta llega a ser
considerado como un "falsificador" se arriesga a
una multa de 300.000 euros y dos años de cárcel. El juez puede también pronunciar una pena complementaria y suspender durante un año como máximo el acceso a Internet.
En caso de que se le corte su acceso, el proveedor tendrá
15 días para ejecutar la orden judicial,
y unos días antes del restablecimiento de la línea tendrá también que
avisar a la Alta Autoridad, para que elimine las pruebas del informe
del internauta acusado y evitar así que haya una lista negra de
'fichados'. Es decir, la notificación del cumplimiento queda en manos
de las telecos.
Otra de las enmiendas prevé una multa si el abonado deja a un tercero
usar su acceso a Internet para hacer descargas no autorizadas. El
titular podría tener que pagar
hasta 1.500 euros y
"eventualmente" verse privado de su acceso a la Red durante un máximo de
un mes. Para evitar esta situación, el titular del abono podrá instalar
un sistema en su ordenador para que la entrada a determinadas páginas
requiera de un código de acceso, mecanismo que podrían ofrecer los
propios operadores.
Si el abonado al que se le haya cortado el acceso acude a otro
operador de Internet para contratar de nuevo el servicio, se enfrentará a
una multa de 3.750 euros. Otra de las novedades
introducidas es la petición de que los proveedores informen a sus
abonados de los riesgos que corren si realizan descargas no permitidas
de contenidos protegidos.
¿En qué estado se encuentra?
Pese a que muchos países han considerado la ley Hadopi como un ejempo
a seguir, la norma francesa ha demostrado desde el principio ser
bastante inútil. En marzo de 2010, un estudio de la Universidad de Rennes demostraba que el uso de los programas de intercambio de archivos se había reducido muy poco mientras que el número de descargas directas y visionado de
streaming aumentó de forma significativa. En julio de ese mismo año aún no se había enviado ningún aviso a los internautas.
El Gobierno reaccionó poniendo en marcha una agresiva campaña de control de la piratería.
Los titulares de derechos de autor comenzaron a enviar decenas de miles
de direcciones IP de los presuntos infractores a los proveedores de
servicios de Internet (ISP). Los proveedores de Internet debían asumir
la tarea de identificar
los nombres, direcciones, correos electrónicos y números de teléfono de los presuntos infractores,
es decir, sus propios clientes. En caso de no hacerlo en un plazo de 8
días, corrían el riesgo de una multa de 1.500 euros por día por cada IP
no identificada.
Aun así, en enero de 2011, un estudio de comScore informaba de que las descargas de Megaupload se habían disparado en Francia. Ese mismo mes, una investigación de los responsables galos de la lucha contra la piratería revelaba que la mitad de los franceses reconocía piratear por Internet. Poco tiempo después, Sarkozy reconocía errores en la ley Hadopi. A finales de enero de 2012, ningún usuario ha sido desconectado.
El sistema desplegado para mantener la ley Hadopi en funcionamiento
ha supuesto la creación de una infraestructura con 60 personas en
plantilla y
un coste de 15 millones de euros. Tal
derroche y los escasos resultados obtenidos han generado muchas quejas y
dudas tanto entre representantes de la industria cultural como dentro
del propio Senado galo. Las consecuencias de este fracaso ya se empiezan a notar:
la comisión antipiratería francesa no renovó el cargo a tres de sus
colegiados el pasado 24 de diciembre. Además, el nuevo presidente del
Senado, nombrado por los socialistas, es un diputado posicionado
abiertamente contra la ley Hadopi. Esta situación, pese a que la comisión insiste en la buena marcha de la ley, pone el futuro inmediato de la norma francesa en entredicho.
Otros países
Reino Unido
La ley antipiratería que funciona en Reino Unido es la Digital Economy Act,
el sistema incluye disposiciones muy similares a la ley francesa como
la desconexión de los usuarios que descarguen de forma continuada
material con derechos de autor. En primer lugar se realizan una serie de
avisos para pasar luego al corte de Internet e incluso a la imposición
de multas de hasta 50.000 libras (unos 59.800 euros). Al igual que en
España, también se prevé el cierre de páginas web que ofrezcan enlaces a
contenidos con copyright. Más controvertida es la norma que obliga a
las proveedoras de servicios de Internet
a vigilar a sus usuarios para detectar si descargan archivos protegidos
y, en caso de que lo hagan, avisar a los titulares de los mismos. Si un
proveedor se niega a cumplir estas normas se arriesga a ser sancionado
con una multa de hasta 250.000 libras (unos 280.000 euros). El
Parlamento de Reino Unido aprobó el controvertido proyecto en abril de
2010 por una votación de 189 a 47. A día de hoy, las consecuencias de la ley no han sido significativas.
Suecia
Conocida como Enforcement Directive o IPRED, la ley aplicada en Suecia es en realidad una directiva del Parlamento Europeo adoptada por el país nórdico en abril de 2009. Preveía muchas medidas
similares a las de las leyes antipiratería de otros países:
multas a los internautas, desconexiones de la Red y vigilancia de los
usuarios a través de las proveedoras de Internet. La implantación de la
norma tuvo un efecto inicial de reducción de descargas por miedo a las
consecuencias pero, una vez superados los temores, el número de descargas no tardó en crecer de nuevo.
Por su parte, las proveedoras de Internet desarrollaron un sistema de
eliminación de las IP de sus clientes para evitar la tarea de control
que les imponía la ley.
Irlanda
Ha sido el país que más directamente ha actuado contra la piratería.
Al igual que Francia o Reino Unido, su norma antidescargas se basa en un
sistema de tres avisos. El tercero implica la desconexión del infractor
durante un mes. Si tras el mes de desconexión el usuario reincide, se
le impide el acceso a Internet durante un año. A diferencia de lo que
sucede en otros países, Irlanda sí cuenta con
el apoyo de un importante proveedor de Internet, Eircom.
Esta ayuda ha permitido la identificación de cientos de internautas y
el envío de las primeras cartas de advertencia. Sin embargo, algunos
proveedores de Internet que no apoyan la ley ya están adoptando la
estrategia de las operadoras suecas de eliminación de direcciones IP de
los clientes.
Tratado Internacional
Para acabar de complicar el panorama, a día de hoy aún se discute un
acuerdo internacional contra la piratería que, de aprobarse, podría
obligar a los países que lo adoptasen a ajustar su legislación nacional.
Conocido como ACTA, el texto ya lleva varios años en negociación. En
abril de 2010 se dio a conocer un texto que no preveía cortes de acceso a Internet a los usuarios, solo obligaba a las operadoras a dar los datos de sus clientes
si un juez lo ordenaba y, en teoría, no haría necesario modificar las legislaciones nacionales. En septiembre de 2010, un nuevo borrador quitaba aún más presión sobre los proveedores de Internet, a los que ya no se responsabilizaría de las descargas realizadas por sus clientes. En noviembre de ese mismo año surgían importantes dudas sobre los posibles beneficios de la ley.
El objetivo principal de esta norma es el "Endurecimiento de Derechos
de Propiedad Intelectual" (de hecho, así se titula uno de los
capítulos). El Consejo de la Unión Europea aprobó a mediados de
diciembre de 2011 el ACTA, escondida entre legislación relacionada con asuntos pesqueros. El único paso que resta antes de la entrada en vigor del ACTA es la aprobación del texto por parte del Parlamento Europeo.
El cierre de Megaupload
El reciente cierre de la web de alojamiento de archivos Megaupload
ha supuesto un punto de inflexión en la distribución de contenidos de
Internet y plantea nuevas cuestiones sobre las leyes antipiratería.
Según el abogado David Maeztu, después de esta sonada intervención del
FBI, "está claro que no es necesaria más legislación".
A raíz del cierre del conocido portal y de la detención de su fundador,
se ha producido un efecto dominó que ha llevado a muchos otros
servicios similares a cancelar sistemas de suscripción y eliminar
archivos de forma masiva. De este modo, la reducción de enlaces en
Internet a contenidos protegidos por derechos de autor ha sido
significativa en los últimos días y hace preguntarse hasta qué punto son
necesarias normativas como la ley Sinde, la ley Hadopi o la ley SOPA.
